El Gobierno prepara un decreto para exigir más garantías a los centros privados de Formación Profesional, con especial atención a la enseñanza a distancia, las prácticas en empresa y la presencialidad en ciclos con alta carga profesional.
La Formación Profesional privada, especialmente la que se imparte en modalidad online o a distancia, quedará sometida a requisitos más estrictos si prospera el real decreto que prepara el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La ministra Milagros Tolón ha avanzado que la norma empezará su tramitación a partir de julio y que su objetivo es impedir que se autoricen centros sin estructura suficiente, sin prácticas garantizadas o sin espacios adecuados para formar al alumnado.
El anuncio llega en un momento de fuerte crecimiento de la FP, una vía cada vez más demandada por estudiantes y familias por su conexión con el empleo. Ese auge ha multiplicado la oferta, pero también ha abierto un debate sobre la calidad de algunos proyectos privados, sobre todo en ciclos donde el aprendizaje práctico no puede sustituirse por contenidos digitales sin contacto real con talleres, laboratorios, entornos sanitarios, agrícolas, deportivos o empresas.
Qué cambiaría con el nuevo decreto
Más estructura educativa
Los centros privados deberán acreditar una dimensión mínima, con ciclos suficientes, familias profesionales definidas y un equipo docente y directivo acorde con su oferta.
Más aprendizaje práctico
La modalidad virtual tendrá que incorporar actividad presencial cuando sea necesaria para adquirir competencias profesionales reales y verificables.
La futura norma no se plantea como una prohibición de la FP privada. El mensaje del Ministerio es distinto: no se cuestiona la existencia de centros privados, sino la apertura de iniciativas que no puedan garantizar una formación solvente. Según lo anunciado, el decreto no afectaría a los centros que ya funcionen con calidad y solvencia ni a la red concertada, cuyo control corresponde a las comunidades autónomas.
La medida sí endurecerá la autorización de nuevos centros. Para obtenerla, deberán demostrar que cuentan con profesorado suficiente, dirección adecuada, instalaciones apropiadas y una oferta mínima que no se limite a ciclos aislados sin itinerario formativo claro. También se exigirá que todo el alumnado tenga asegurada la formación en empresa, un elemento central del modelo actual de FP.
La presencialidad, clave en sanidad y profesiones reguladas
Uno de los puntos más sensibles será la formación a distancia en ramas que habilitan para ejercer profesiones reguladas o que exigen destrezas técnicas concretas. El Ministerio ha señalado de forma particular el ámbito sanitario, donde considera imprescindible que el alumno practique en entornos adecuados antes de obtener una titulación con efectos profesionales.
La idea central del cambio
Un ciclo de FP podrá apoyarse en tecnología y enseñanza online, pero deberá demostrar que la parte práctica existe, se realiza en condiciones adecuadas y no queda reducida a una promesa comercial.
El decreto establecerá un mínimo de horas presenciales en aulas, talleres, laboratorios o espacios profesionales. La intención es evitar que determinadas titulaciones se impartan de manera casi exclusivamente digital cuando la naturaleza del ciclo requiere manejo de materiales, procedimientos, maquinaria, atención práctica o supervisión directa.
Tres efectos inmediatos para estudiantes y familias
Más garantías
Antes de matricularse.
Más prácticas
Durante el ciclo.
Menos riesgo
Con títulos débiles.
Para los estudiantes, el cambio puede ser especialmente importante a la hora de elegir centro. La FP se ha convertido en una alternativa de alta demanda, con alrededor de 1,2 millones de alumnos en el sistema, y las decisiones de matrícula tienen un impacto económico notable para muchas familias. Cuando la oferta pública no alcanza toda la demanda, la privada se convierte en una salida frecuente, pero la calidad del centro elegido condiciona la empleabilidad, la experiencia de prácticas y la confianza del título obtenido.
El nuevo marco busca que la decisión no dependa solo de una campaña comercial atractiva. Si el centro promete una titulación profesional, tendrá que demostrar que puede sostenerla con profesorado, instalaciones, acuerdos de prácticas y presencia formativa suficiente. Ese control previo puede reducir la incertidumbre de alumnos que pagan por una formación esperando una conexión real con el mercado laboral.
Una respuesta al crecimiento acelerado de la FP
El Gobierno defiende que la FP es una de las grandes palancas educativas y laborales del país. Según los datos trasladados por el Ministerio, desde 2018 se han creado 400.000 nuevas plazas públicas y se han transferido cerca de 6.400 millones de euros a las comunidades autónomas. Aun así, la expansión de la demanda ha empujado a muchos alumnos hacia centros privados, en algunos casos online, con modelos muy distintos entre sí.
La regulación llega, además, después de otros movimientos del Ejecutivo para endurecer los requisitos en la educación superior privada. La comparación es relevante porque el argumento oficial es parecido: evitar que la creación de centros educativos se base solo en oportunidad de negocio y no en garantías académicas, infraestructura real y responsabilidad formativa.
Qué tendrán que mirar ahora los alumnos
- Si el centro garantiza prácticas en empresa para todo el alumnado.
- Si el ciclo exige horas presenciales y dónde se realizarán.
- Si existen docentes suficientes y perfiles especializados.
- Si las instalaciones son adecuadas para el tipo de formación.
- Si la oferta incluye itinerarios coherentes y no ciclos aislados.
Estas preguntas pueden ganar peso en los próximos meses, especialmente entre quienes buscan estudiar FP sanitaria, industrial, deportiva, agraria o cualquier familia profesional donde las competencias se adquieren practicando. La información que aporten los centros sobre convenios, espacios presenciales y seguimiento del alumnado será decisiva para comparar opciones con más criterio.
El reto para las comunidades autónomas
Riesgo que se quiere evitar
Centros con oferta rápida, poca estructura y prácticas insuficientes.
Objetivo declarado
FP privada con garantías, supervisión y aprendizaje práctico real.
La aplicación concreta dependerá también de las comunidades autónomas, que tienen un papel esencial en la autorización, inspección y seguimiento de los centros. El decreto estatal marcará requisitos mínimos, pero su eficacia dependerá de cómo se verifiquen sobre el terreno las prácticas, los espacios, el personal docente y las condiciones reales en las que estudia el alumnado.
La tramitación prevista a partir de julio abrirá un periodo clave para centros, administraciones y familias. Si la norma mantiene las líneas anunciadas, la FP privada online dejará de competir únicamente por flexibilidad y precio: también tendrá que demostrar presencialidad suficiente, prácticas aseguradas y una estructura educativa capaz de sostener el valor profesional de cada título.
La calidad será el nuevo filtro
El debate que abre este decreto no afecta solo a los centros privados: también obliga a mirar la planificación pública de plazas, la orientación académica y la información que reciben los estudiantes antes de pagar una matrícula. La FP crece porque promete empleo y aprendizaje práctico; por eso, el control de calidad se convierte en una pieza central para que esa promesa no se debilite.
